Disturbios en Barcelona desplazan la campaña hacia la seguridad y la inmigración
Tras una noche de saqueos con 128 detenidos, la derecha acusa al Gobierno y Vox apunta a los inmigrantes. El movimiento por la vivienda teme perder centralidad a pocas semanas de las elecciones.
La noche del sábado 24 de octubre, el centro de Barcelona vivió saqueos, barricadas e incendios. Los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, detuvieron a 128 personas, entre ellas unos 73 menores, e identificaron a cientos de participantes. Ocurrió a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, y el episodio ya cambió el tono de la campaña: la derecha reclama orden público, la extrema derecha habla de inmigración y el gobierno catalán promete mano dura.
Una convocatoria anónima
La protesta empezó por la tarde en plaça Catalunya, con jóvenes que exhibían pancartas contra el sistema y evocaban los blocus de los liceos franceses (bloqueos de establecimientos educativos). Con el correr de la noche, grupos de participantes saquearon comercios y provocaron incendios y choques con la policía.
La convocatoria circulaba en TikTok al menos desde el 20 de octubre bajo el nombre «Blocus Barcelona». Perfiles anónimos remitían a grupos de WhatsApp y Telegram, pero ninguna organización la reivindicó. Los mensajes iniciales pedían no dañar comercios ni mobiliario urbano; después, las conversaciones se concentraron en los saqueos. Los administradores desaparecieron.
Los Mossos descartan la participación de grupos criminales organizados y describen pequeños grupos decididos a causar daños. El analista Marcelino Madrigal planteó la hipótesis de una manipulación mediante perfiles anónimos y contenidos pensados para alentar la participación, aunque por ahora no hay pruebas de una dirección precisa. Ya circularon nuevos llamados para el 30 y el 31 de octubre. Convocatorias similares aparecieron en Madrid, València, Alicante y Bilbao, pero los episodios más graves fueron en Barcelona.
El movimiento por la vivienda
Barcelona concentra varias protestas superpuestas: las estudiantiles, las convocatorias anónimas de blocus y la lucha por la vivienda, la más estructurada. Tras el desalojo de Maricarmen en Madrid, el 26 de septiembre nació una acampada en la Puerta del Sol y luego otra en plaça Catalunya. Semanas después, CCOO, UGT, CGT y otros sindicatos convocaron una huelga general para el 11 de noviembre, la primera de esta magnitud desde 2012.
El contexto es una crisis creciente: según el INE, los precios de la vivienda en España subieron 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026. El 2 de octubre, el Congreso rechazó dos decretos sobre vivienda con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Las elecciones anticipadas fueron anunciadas por Pedro Sánchez.
Las reacciones políticas
El Partido Popular vinculó los disturbios con el Gobierno de Sánchez y la izquierda radical. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, combinó la crítica en seguridad con la promesa de construir un millón de viviendas.
Vox, liderado por Santiago Abascal, atribuyó los hechos a la inmigración. Su secretario general, Ignacio Garriga, habló de «cientos de jóvenes extranjeros», sin datos oficiales que lo respalden. Aliança Catalana, de Sílvia Orriols, también culpó a inmigrantes. La comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, aclaró que la policía no tenía datos sobre la nacionalidad de los detenidos y cuestionó el origen de la información difundida por esos sectores.
En Cataluña, Junts pidió a la consejera de Interior, Núria Parlon, que explique en el Parlamento la gestión del orden público. El gobierno catalán lo encabeza el PSC, federado con el PSOE. Tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pertenecen a ese partido y condenaron los hechos, prometiendo consecuencias para los responsables. Desde la izquierda, la ex alcaldesa Ada Colau acusó a la extrema derecha de alimentar la polarización y planteó interrogantes sobre el manejo policial.
Un cambio de agenda
Durante semanas, el debate estuvo dominado por desalojos, acampadas, el rechazo de los decretos y la huelga. Las imágenes de comercios saqueados, jóvenes encapuchados y detenciones masivas introdujeron otro registro, que parte de la política asoció de inmediato con orden público e inmigración. Según un análisis de encuestas publicado por El País, la vivienda preocupa al 41% de los votantes del PSOE y al 59% de los de Sumar, mientras que entre los de Vox la inmigración pesa más que la vivienda.
Queda sin responder quién convocó la protesta, y el dato no es menor: sin autores identificados ni reclamos definidos, los disturbios pueden quedar asociados a un movimiento social con el que no necesariamente tienen relación. Si los llamados del 30 y 31 de octubre se concretan, y qué ocurre en la huelga del 11 de noviembre, mostrará si la vivienda logra mantenerse en el centro de la campaña.