Dobrindt prepara una ley que dificulta las expropiaciones de viviendas como la que planea Berlín
El ministro del Interior alemán anunció un proyecto que exigiría probar una necesidad imperiosa y pagar indemnización en dinero a valor de mercado. La izquierda lo considera inconstitucional y un jurista advierte riesgos.

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt (CSU), quiere poner trabas muy altas a las socializaciones de viviendas como la que impulsa la izquierda en Berlín. «Vamos a dejar claro en una ley de protección de inversiones que el fetiche izquierdista y arbitrario de la socialización es incompatible con la Constitución», dijo al diario Bild. Su ministerio confirmó detalles del proyecto.
Qué prevé el proyecto
Según esos detalles, la socialización de viviendas de alquiler solo sería posible si se demostrara de forma expresa una necesidad imperiosa. Un gobierno estadual debería probar que agotó por completo los demás medios, como la inversión y el fomento de la construcción de vivienda, y que no le queda otra opción.
En caso de expropiación, la indemnización debería pagarse «directamente en dinero» y a un valor de mercado fijado por una peritación.
El plan de Berlín
Die Linke, los Verdes y el SPD de Berlín planean socializar grandes parques de viviendas privados. Según su documento de sondeo, apuntan a empresas con al menos 10.000 viviendas en la ciudad. El costo de la indemnización quedaría limitado a 16.000 millones de euros, una suma que probablemente esté por debajo del valor de mercado de esas viviendas.
Las reacciones
Caren Lay, portavoz de política de alquileres y vivienda de Die Linke, dijo a Die Welt que lo que Dobrindt llama «fetiche» es parte de la Constitución y no puede anularse con una «ley de prohibición». Calificó el proyecto de «misión suicida jurídica» que no frenará la socialización en Berlín.
El presidente de Die Linke, Luigi Pantisano, acusó al Gobierno federal de CDU/CSU y SPD de priorizar a los accionistas de empresas como Vonovia sobre los inquilinos. Aseguró que la ley no resistirá ante el Tribunal Constitucional Federal y reclamó al SPD federal que elija entre «la mafia de los alquileres» y los inquilinos.
El vicepresidente de la bancada de la Unión, Günter Krings (CDU), respaldó al ministro: dijo a Die Welt que las propuestas son «razonables y justas» y que sobre esa base Unión y SPD podrían aprobar rápido una ley, para resguardar la confianza en Alemania como destino de inversión frente a los «planes caóticos» de Berlín.
La mirada de un constitucionalista
El jurista Ulrich Battis ve riesgos, sobre todo en fijar la indemnización al valor de mercado. Dijo a Funke Mediengruppe que existe un margen constitucional sobre su monto y que restringirlo es «riesgoso». Considera viables las demás exigencias, y sostuvo que lo decisivo es «si las socializaciones son posibles en absoluto». Una norma federal limitaría el margen de los estados.
Una disputa que se define en los tribunales
El choque combina una pelea política entre el Gobierno federal y Berlín con una cuestión de fondo: hasta dónde puede una ley federal condicionar una herramienta prevista en la Constitución. Falta saber si el SPD, socio de la coalición federal y a la vez del gobierno berlinés en gestación, acompañará el proyecto, y cómo lo evaluaría el Tribunal Constitucional si llegara a revisarlo.
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