La defensa de Luisa González denuncia detención arbitraria y persecución judicial en Ecuador
El abogado Diego Guarderas sostiene que el arresto de la excandidata presidencial, el 22 de octubre, violó garantías básicas y responde a una ofensiva del gobierno de Daniel Noboa contra la oposición.
La defensa de Luisa González, excandidata presidencial y principal referente de Revolución Ciudadana, denunció una persecución judicial selectiva impulsada desde la administración de Daniel Noboa. Según su equipo legal, la dirigente fue arrestada el 22 de octubre en una detención arbitraria, y el cerco contra la oposición escaló durante el fin de semana.
Las cifras de la UAFE
El abogado Diego Guarderas expuso las presuntas irregularidades en una entrevista con CNN. El punto de partida, dijo, son los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según Guarderas, las cifras oficiales sobre supuestos fondos ilícitos se modificaron de manera arbitraria: oscilaron entre 6.000, 500.000 y 700.000 dólares, frente a los 204.000 que se reportaron técnicamente.
La defensa afirma que simples discrepancias administrativas de campaña fueron presentadas como lavado de activos. También sostiene que la UAFE confundió registros contables con la tipificación penal que ahora se imputa a González.
Un doble rasero, según el abogado
Guarderas contrastó el caso con el del oficialismo: el Consejo Nacional Electoral detectó inconsistencias por más de 408.000 dólares en la campaña de Acción Democrática Nacional (ADN), el partido de Noboa, sin que la Fiscalía abriera una investigación. Para el jurista, esa asimetría muestra la parcialidad del sistema de justicia.
Audiencia y traslado
La defensa señala que los cargos le fueron comunicados a González solo 30 minutos antes de la audiencia de formulación, realizada ante jueces que, según dice, eran incompetentes por ignorar el fuero provincial de otros coimputados.
Además, una orden judicial había fijado su reclusión en Quito para resguardar los derechos de su hijo menor y de su padre, enfermo renal. Pese a eso, un operativo nocturno la trasladó al penal de Riobamba, a cuatro horas de la capital. El equipo legal lo calificó de traslado clandestino y de maniobra que obstaculiza su defensa técnica. Guarderas ubicó el desacato a la jueza entre las violaciones más graves.
Recursos y contexto político
Revolución Ciudadana denuncia una persecución política que apunta a inhabilitar a su principal carta electoral. Su entorno vincula la ofensiva con el calendario político y con el avance del oficialismo en el control de las instituciones. La defensa anunció que presentará recursos para revertir el traslado y denunciar las violaciones a las garantías procesales.
Por ahora se conocen sobre todo los argumentos de la defensa: la nota no recoge una respuesta del gobierno ni de la Fiscalía sobre las cifras, el traslado o la comparación con ADN. Lo que resuelvan los tribunales sobre los recursos y la competencia de los jueces será clave para el caso y para el margen de acción de la oposición ecuatoriana.
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