Los penalistas italianos critican la respuesta represiva a las protestas de jóvenes
Tras casi 400 detenciones y 250 allanamientos en 24 horas, el presidente de la Unión de Cámaras Penales advirtió que la reacción del gobierno es simbólica y puede chocar con principios constitucionales.
Las casi 400 detenciones, entre ellas un centenar de menores, y los 250 allanamientos realizados en 24 horas, además de arrestos y denuncias por las manifestaciones en distintas ciudades de Italia, muestran que el gobierno busca "elevar el nivel de la respuesta represiva". Lo sostuvo Francesco Petrelli, presidente de la Unión de Cámaras Penales Italianas (UCPI).
"No creo que sea el camino correcto, ni desde el punto de vista de la respuesta judicial ni de la introducción de nuevas normas que entran en tensión con principios constitucionales como la determinación y la personalidad de la responsabilidad penal", afirmó. Para Petrelli, la respuesta a los fenómenos desviados debe ser proporcionada, y en este caso ve "más bien una respuesta de tipo simbólico para mostrar la musculatura" del gobierno.
Distancia con los años de plomo
Según el dirigente, que el fenómeno es distinto y distante del terrorismo de los años de plomo "lo demuestra la toma de distancia de la violencia por parte de muchos manifestantes". Agregó que el país cuenta con fuerzas del orden preparadas y con un conjunto de normas penales sustanciales que "ya prevén penas altísimas respecto de otros países", y con normas procesales que permiten una respuesta eficaz incluso frente a los fenómenos más alarmantes de subversión política.
El caso de Youssef Siher
Siher, presunto organizador de la página Movimiento 17 de Octubre, fue detenido el sábado. Está acusado de instigación a delinquir a través de redes sociales, de violencia organizada en manifestaciones públicas (el nuevo delito creado por el decreto de seguridad aprobado esta semana) y de terrorismo, según el artículo 270 bis del Código Penal.
Petrelli aclaró que no puede evaluar el fondo del caso. Pero dijo que surge "la sospecha" de una instrumentalización de estas causas en un contexto que apunta a tranquilizar al público y a demostrar la necesidad de nuevas medidas de seguridad. Consideró que hay que esperar las decisiones de los jueces, aunque no descartó una sobrevaloración de los perfiles subjetivos y de la historia personal del investigado frente a la gravedad objetiva de las conductas.
Una lectura
La crítica llega de un actor del mundo jurídico y apunta a dos frentes: la proporcionalidad de las detenciones masivas y la solidez de un delito nuevo, aplicado apenas días después de su aprobación. Queda abierto qué decidirán los jueces sobre Siher y si la acusación de terrorismo se sostiene. También habrá que seguir si las normas del decreto resisten cuestionamientos constitucionales.