Miles de checos protestan contra el fin del canon a los medios públicos
El Parlamento aprobó en primera lectura que la radio y la televisión públicas se financien con fondos del Estado. La oposición anunció una demanda constitucional y los trabajadores de dos medios irán a la huelga el 3 de noviembre.
Varios cientos de personas se manifestaron el sábado en Praga contra la eliminación del canon que financia a la radio y la televisión públicas de la República Checa. Según el proyecto, esos medios dejarían de sostenerse con aportes de los ciudadanos y pasarían a recibir fondos directos del Estado. Eso implicaría, según lo previsto, un recorte presupuestario del 15% el año próximo.
El mismo sábado por la mañana, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en primera lectura, por un trámite acelerado. La iniciativa cuenta con el respaldo de la coalición de derecha del primer ministro Andrej Babiš, de 72 años, que integran dos partidos de extrema derecha.
Las críticas
La Unión Europea de Radiodifusión (UER), la Federación Europea de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras acusan a Babiš de querer limitar la independencia de los medios públicos. Los manifestantes temen una restricción estatal de la libertad de prensa. Una de las pancartas decía "Kavčí hory Russia Today?! Média nedáme": Kavčí hory es la sede de la radiotelevisión pública, y la consigna significa, más o menos, "No entregaremos los medios".
La postura del Gobierno
El Ejecutivo exige ahorros a los medios y promete que el nuevo modelo no afectará ni la independencia de las redacciones ni la programación. La coalición acusa a los medios públicos de parcialidad y había anunciado una reforma al asumir, en diciembre de 2025. Sostiene que sigue "una tendencia europea, con un número creciente de países que se alejan del principio de financiación por cuotas".
Lo que viene
La oposición anunció una demanda constitucional contra la ley. Para el domingo se convocó una marcha mayor, y el 3 de noviembre los empleados de dos medios públicos planean parar.
El debate llega con el proyecto todavía en su primera etapa legislativa. La tensión central es si una financiación que depende directamente del presupuesto estatal puede ser compatible con la independencia editorial que el Gobierno promete. La respuesta dependerá del texto final, de los mecanismos de control que incluya y de lo que resuelva la Justicia si prospera la demanda de la oposición.
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