Organizaciones panameñas reclaman a la CIDH que atienda denuncias de abusos
Sindicatos, docentes separados y organismos de derechos humanos protestaron frente al Parlatino, donde la Comisión sesiona hasta el 6 de noviembre. Acordaron una reunión con la CIDH para el miércoles.
La Coordinadora Popular por la Lucha de los Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa), docentes separados, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y otros movimientos protestaron este lunes 26 de octubre frente a la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), en Panamá. Rechazaron lo que describieron como silencio y exclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante denuncias de abusos y violaciones sistemáticas ocurridas en el país desde 2023.
La protesta coincidió con el 197 período de sesiones de la CIDH, que se realiza en territorio panameño hasta el 6 de noviembre. Los voceros calificaron de vergonzosa la actuación del organismo y sostuvieron que habían sido convocados a enviar documentación entre marzo y mayo, sin obtener respuestas oportunas ni lugar en la agenda de audiencias temáticas.
Los reclamos
Jorge Guzmán, coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), pidió mayor atención de la CIDH. Mencionó los procesos judiciales contra integrantes del gremio de la construcción, la detención de dirigentes sindicales y la separación de docentes, con suspensión de salarios, por participar en protestas.
Gloria Castillo, presidenta de Copodehupa, cuestionó que los temas propuestos no figuren en la agenda pese a haber pedido su inclusión desde abril. Según dijo, tampoco obtuvieron una audiencia específica sobre las vulneraciones, en particular las vinculadas al derecho a huelga desde 2023.
Yamir Córdoba, secretario general del Suntracs, criticó que las sesiones se realicen mientras el dirigente Ariel Rodríguez lleva más de diez meses preso sin que, según denunció, se hayan demostrado cargos. También aludió a Saúl Méndez, exsecretario general del gremio, y a Erasmo Cerrud, refugiado en la embajada de Nicaragua. Atribuyó la persecución a una presunta connivencia entre el Ejecutivo y el sistema judicial, en contraste con el talante democrático que reivindica el presidente José Raúl Mulino.
Los manifestantes también cuestionaron el criterio de la CIDH de no tratar casos del país anfitrión en las audiencias principales, algo que consideran una contradicción que invisibiliza a las víctimas locales.
Los docentes separados
Dos representantes de Copodehupa intentaron entregar a la jefa de Gabinete de la CIDH, Patricia Colchero, un resumen de al menos 12 casos prioritarios. Entre los más urgentes figura el de 294 educadores que acumulan 17 meses sin cobrar salario ni resolución formal de sus despidos. Los afectados denunciaron que esa situación ya costó la vida a dos docentes y que otros tres están en estado crítico. Según dijeron, un dossier de casi 500 páginas tampoco fue tenido en cuenta para las audiencias.
La funcionaria respondió que existe un diálogo general con la sociedad civil, con tiempo limitado, y que para evaluar la admisibilidad de las medidas cautelares solicitadas hay que ingresar nueva información sobre hechos sobrevinientes.
Qué sigue
Tras la conversación, las organizaciones y la representación de la CIDH acordaron un espacio de diálogo para el miércoles a las 14.00, hora local. Los dirigentes llamaron a la ciudadanía a sostener las movilizaciones y dijeron que seguirán en las calles bajo la premisa de que «sin lucha no hay victoria».
La reunión del miércoles será la primera señal de si la Comisión abre algún canal formal para estos casos. Queda abierta la tensión entre su criterio de no abordar al país anfitrión en audiencias y el pedido de las organizaciones, además de lo que pueda ocurrir con las medidas cautelares. Las acusaciones contra el Gobierno y la Justicia provienen de los denunciantes; en la información disponible no consta una respuesta oficial.