Un eurodiputado de Fratelli d'Italia querella a un jubilado por preguntar por fondos del Pnrr
Mario Mantovani denunció por difamación a Achille Moneta, de 72 años, que cuestionó en Facebook el uso de 10,3 millones de euros para convertir una villa en residencia universitaria. Se lanzó una colecta para costear su defensa.

Achille Moneta, jubilado de 72 años que vive hace casi cinco décadas en Castelletto, una fracción de Cuggiono (Lombardía), irá ante un juez por dos publicaciones en Facebook. Preguntaba cómo se gastarían 10,3 millones de euros del Pnrr, el plan europeo de recuperación, destinados a transformar la villa seiscentista Villa Clerici en una residencia universitaria. El querellante es Mario Mantovani, eurodiputado de Fratelli d'Italia, alcalde de Arconate y exvicepresidente de la Región de Lombardía.
La Fiscalía de Busto Arsizio pidió el archivo de la causa, pero Mantovani se opuso. La audiencia ante el juez de instrucción quedó fijada para el 3 de diciembre. Mientras tanto, una colecta popular para pagar los gastos legales de Moneta reunió 640 euros en pequeños aportes.
Qué preguntaba el jubilado
Moneta consultaba por el proyecto de residencia con 330 plazas: cómo se usarían los fondos públicos, cuánto costarían las habitaciones, cómo llegarían los estudiantes a las universidades y qué pasará con el inmueble cuando termine el vínculo de destino que impone el Pnrr. También se preguntaba por el papel de Mantovani en una iniciativa promovida por Sodalitas, la cooperativa social que el eurodiputado fundó en 1990 y presidió, antes de dejar los cargos años después.
Mantovani se considera difamado porque lo asociaron a la cooperativa y al proyecto, de los que dice ser ajeno. Moneta contó que, según el político, sus posts hablaban de financiamiento público de más de 10 millones a iniciativas privadas. "Anch'io lo sono, non ho dimestichezza con i tribunali", dijo sobre el temor al estrés y a los costos, que según él comparten muchos querellados. Agregó que la justicia debe garantizar los mismos derechos a todos, sin importar su condición económica o social.
Lo que muestran los registros y los testimonios
Formalmente, Mantovani tiene razón: el registro mercantil indica como presidente de Sodalitas a Lorenzo Pobbiati, como vicepresidenta a Angela Gorla y como consejero a Simone Zorzi. Él no figura.
Sin embargo, hay otros elementos. Vittorio Mantovani, hijo del eurodiputado y que no integra la administración de la cooperativa, habló públicamente y en la prensa del proyecto, de las tarifas y de sus perspectivas. Dijo que convertir la villa en un servicio para estudiantes era un sueño de su padre.
El 22 de abril de 2026, el municipio de Cuggiono publicó una nota oficial: "Abbiamo incontrato i promotori (Sodalitas, i progettisti e l'eurodeputato Mantovani) e in tale occasione ci è stato illustrato il progetto". El entonces alcalde, Giovanni Cucchetti, dijo a ilfattoquotidiano.it: "In Comune si presentò personalmente l'onorevole Mantovani, assieme al progettista, ingegner Luigi Paolino. E fu Mantovani a illustrare il progetto dello studentato". Añadió que tiempo antes el propio Mantovani lo había llamado para preguntarle, de forma preventiva, si el municipio estaba de acuerdo.
Moneta también había planteado otras dudas: quién se beneficiará de la plusvalía del inmueble tras las obras, dado que son fondos públicos, y si la comunidad local fue consultada. Según dijo, los administradores locales le respondieron que no hubo debate. En uno de sus posts mencionó además la visita del ministro Tommaso Foti a Cuggiono en mayo de 2026, durante la campaña electoral municipal.
Una lectura
El caso queda en el terreno de las querellas que pueden desalentar el escrutinio ciudadano por su costo y su desgaste, más allá de su resultado. Lo que la justicia deberá decidir es si los posts son difamatorios, no si las preguntas sobre el uso del dinero público eran pertinentes. Los hechos conocidos, la ausencia de cargos formales de Mantovani y su participación en reuniones con el municipio, muestran una distancia entre el rol societario y el rol real que probablemente se discuta el 3 de diciembre. Está por verse si el juez acepta el archivo que pidió la Fiscalía.