Asesinaron a 126 líderes sociales en Colombia en los primeros nueve meses de 2026

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó este viernes que 126 líderes sociales fueron asesinados en el país entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026: 27 mujeres y 99 hombres. Lo hizo en un comunicado en el que alertó sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen liderazgo comunitario y defensa de los derechos humanos.

Según el organismo, Cauca (suroeste), Antioquia (noroeste) y Valle del Cauca (suroeste) son los departamentos con más casos en el período.

Masacres y firmantes de la paz

El informe señala que en esos nueve meses también fueron asesinados 12 firmantes del Acuerdo de Paz. Además, se documentaron 94 masacres, con 366 víctimas fatales, en 23 departamentos.

Entre los más expuestos están los líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y los defensores del ambiente. Según la Defensoría, reciben amenazas por denunciar actividades ilegales, reclamar tierras o resistirse al control de grupos armados en sus comunidades.

La institución advirtió además sobre el discurso de odio y la discriminación institucional: «Cuando se estigmatiza la labor de los líderes sociales, se vulnera su trabajo y se pone en riesgo su seguridad».

La mirada de la ONU

Las Naciones Unidas sostuvieron que la persistencia de estos crímenes está estrechamente ligada a la presencia de organizaciones criminales, a deficiencias operativas de los mecanismos estatales de protección y a las dificultades para garantizar justicia frente a los ataques.

Entre enero de 2016 y septiembre de 2026 se contabilizaron 1.791 homicidios de líderes sociales en el país. La Defensoría pidió a las autoridades «garantías reales» y afirmó: «No se debe permitir que sigan silenciando a quienes en los territorios trabajan por la paz».

Un contexto político

La cobertura de teleSUR vincula el dato con la política del gobierno de Abelardo de la Espriella, a la que describe como de militarización y sin diálogo con grupos armados, junto con mayor control policial sobre la protesta. Esa caracterización es del medio, no de la Defensoría.

Las cifras muestran una violencia sostenida sobre quienes trabajan en los territorios, en zonas donde persisten los grupos armados. Queda abierto si los mecanismos de protección y la respuesta judicial, que la ONU señala como débiles, se reforzarán, y cómo evolucionarán los números en el último trimestre del año.