Camboya cierra campamentos de estafas, pero los expertos dudan de la voluntad real

Poco antes de que a fines de septiembre comenzara en Phnom Penh la Conferencia Internacional para Combatir el Fraude en Línea, la policía de Camboya llevó a periodistas a recorrer campamentos de estafas desalojados en tres provincias. Allí, en salas oscuras con largas hileras de computadoras, los estafadores habían rastreado víctimas en todo el mundo: quienes eran identificados como "cerdos" aptos para ser "faenados" recibían contactos y engaños para transferir dinero, ya fuera por una inversión supuestamente lucrativa, por un falso amor en apuros o como fianza por una infracción inventada.

El daño del fraude digital fue estimado en un billón de dólares anuales en la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok, la semana anterior. Según Naciones Unidas, desde la pandemia Camboya, de 17 millones de habitantes, se convirtió en el "centro global del fraude en línea". Alemania es uno de los principales blancos: el diario FAZ relató el año pasado el caso de un ingeniero de seguridad informática de Turingia que transfirió 180.000 euros a una supuesta plataforma de criptomonedas tras ser contactado por Instagram.

Decorados de comisarías y bancos

La policía halló computadoras apiladas, canastos llenos de celulares y pilas de tarjetas SIM de distintos países. Los estafadores habían montado escenografías muy realistas de comisarías, bancos y organismos de Singapur, China, Australia, Indonesia, India y Europa, y actuaban frente a cámaras con uniformes falsos, banderas y credenciales de la policía china y del FBI.

El primer ministro Hun Manet afirmó que los estafadores dañaron la imagen del país y que ya fueron desmantelados todos los grandes campamentos. Ante representantes de 28 países, del FBI y de Interpol, prometió que Camboya nunca será un "refugio seguro" para criminales y negó que las redadas sean solo "show". El senador Ly Yong Phat, uno de los empresarios más ricos del país, manifestó su apoyo "pleno e incondicional".

Advertencias de expertos

Huang Ye, periodista que investiga el tema hace años, contó que ya durante la conferencia habitantes de zonas de estafas escribían en Telegram que esperaban el fin de las redadas. Según él, en muchos campamentos los operadores fueron avisados y desaparecieron: "Un campamento vacío no significa necesariamente que la red criminal que está detrás haya desaparecido".

You Xiaowen, secretario general del Centro de Cooperación de Seguridad y Aplicación de la Ley Lancang-Mekong, enviado por China, dijo que cerrar campamentos no alcanza: hay que seguir el flujo del dinero y castigar a los jefes en lugar de detener a los operarios de base.

Senadores sancionados

Ly Yong Phat y Kok An siguen en el Senado. Estados Unidos presentó hace dos años pruebas de que Ly se benefició de campamentos en su resort O'Schmach, donde, según esa acusación, personas atraídas con falsas ofertas de empleo eran obligadas, sin pasaporte ni celular y bajo amenazas, a estafar hasta 15 horas diarias.

Kok An, sancionado por EE.UU. en abril junto con su grupo empresarial, es dueño del Crown Casino de Poipet. Un guardia de seguridad dijo a la FAZ el año pasado que custodiaba allí un campamento donde trabajadores chinos eran forzados con violencia. Sobrevivientes contaron a Amnistía Internacional amenazas con picanas eléctricas, y la policía camboyana detuvo hace diez años a decenas de chinos en ese casino por fraude en línea. Kok An nunca fue imputado. Ante RFI confirmó ser el dueño, pero negó saber de fraudes o tolerarlos. Tanto él como Ly son asesores cercanos de la familia Hun y están ligados al gobernante Partido del Pueblo de Camboya.

Hun Manet calificó de asunto personal la defensa legal de ambos contra las sanciones. El ministro de Estado Chhay Sinarith, a cargo de la lucha contra el fraude, dijo a The Straits Times que "una mera sospecha" no basta para procesar a los senadores y que revisar las acusaciones lleva tiempo. Camboya cerró hasta agosto cinco bancos sancionados por EE.UU., en cuyas directivas, según observadores, no había senadores vinculados a los Hun.

Jacob Sims, de la Universidad de Harvard, opinó que ningún actor local políticamente expuesto fue "procesado de manera creíble" y que no hubo reforma estructural de los mecanismos que sostienen la industria. John Wojcik, de TRM Labs, señaló que muchos grandes campamentos siguen en pie y que otros se dispersaron en sitios menores; tecnología, pagos y lavado seguirían "muy activos". Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. sostiene que altos funcionarios, asesores y policías se benefician de la trata de víctimas e interfieren en investigaciones.

Un documental encubierto

Un documental de Al Jazeera mostró que un proyecto turístico de empresarios chinos en Long Bay, en el suroeste, sería fachada de campamentos. Reporteros que se hicieron pasar por operadores que querían mudarse desde Filipinas se reunieron con un sindicato que ofrecía toda la infraestructura —oficinas, dormitorios, restaurantes, karaokes y vigilancia— a cambio del 2% de los ingresos. El negociador aseguró que todos los policías de la zona estaban en su nómina, y una policía de élite camboyana llamó al jefe "mi jefe". La única condición era no estafar a ciudadanos chinos, por la presión de Pekín, que en enero llevó a Camboya a extraditar a Chen Zhi, operador de campamentos. Sobre víctimas en Europa y EE.UU., respondió: "Eso no es problema". El minibús que los llevó a ver locales tenía la insignia de la Policía Nacional.

Una lectura

Las redadas muestran capacidad operativa, pero lo que se discute es a quién alcanzan. Mientras los dueños con vínculos políticos conserven sus bancas y no haya acusaciones formales, el cierre de campamentos puede ser una mudanza más que un final. Qué resultado den las revisiones anunciadas sobre los senadores sancionados será la señal más clara.