ex Ilva: piden arresto domiciliario para tres exdirectivos por las emisiones

La Fiscalía pidió arresto domiciliario para Lucia Morselli, expresidenta del directorio de Acciaierie d'Italia; Alessandro Labile, exdirector de la planta siderúrgica; y Francesco Astorri, responsable de la sección del Ispra (el instituto público de protección ambiental italiano) que evalúa y controla las instalaciones de interés estratégico nacional. El caso gira en torno a las emisiones que el polo siderúrgico de Tarento, la ex Ilva, habría producido entre 2019 y 2024.

Según la hipótesis de la acusación, la gestión de la planta permitió obtener ganancias ilícitas por 342 millones de euros a costa de la Unión Europea.

El pedido de los fiscales deberá ser evaluado por el juez de instrucción Francesco Maccagnano, ante quien los investigados fueron convocados a un interrogatorio preventivo. Para otras diez personas, entre gerentes y responsables de la empresa, la Fiscalía solicitó medidas interdictivas.

Emisiones y presunto desastre ambiental

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la gestión estuvo orientada a maximizar producción y ganancias, conteniendo costos incluso a expensas de la protección ambiental. Las emisiones habrían provocado un aumento progresivo de los niveles de benceno en el aire del barrio Tamburi, de Tarento, lo que según la acusación contribuyó a configurar un desastre ambiental.

La Fiscalía también puso la mira en el mantenimiento ordinario de las instalaciones y en los procedimientos de control ambiental. A los principales investigados se les imputa, en distintos grados, haber orientado a favor de la empresa los controles y los resultados de las inspecciones del Ispra en el marco de la Autorización Integrada Ambiental (AIA).

28 personas y cinco sociedades

La investigación, coordinada por los fiscales Mariano Buccoliero, Francesco Ciardo (hoy en la Fiscalía de Lecce) y Francesco Sansobrino, involucra en total a 28 personas y cinco sociedades. Para ocho de ellas se plantea asociación ilícita dirigida a cometer delitos contra el ambiente, la seguridad pública y la administración pública. Entre las imputaciones figuran, en distintos grados, desastre ambiental, contaminación y estafa al Estado.

Los pedidos cautelares son una etapa de la investigación y los decidirá el juez. Las acusaciones son hipótesis a verificar y rige la presunción de inocencia hasta una eventual condena firme.

Qué sigue

Que entre los destinatarios del pedido figure un funcionario del organismo de control agrega una dimensión a un caso que ya arrastraba años de conflicto judicial en torno a la planta. Quedan abiertas las respuestas de los investigados en los interrogatorios y la decisión del juez, que definirá si las medidas avanzan y con qué alcance.