Italia: el nuevo decreto de seguridad cambió el operativo en las marchas del 24 de octubre
Tras los saqueos de Milán, las fuerzas de seguridad aplicaron detenciones preventivas y controles masivos. Para el diario La Verità, eso evitó una repetición; la oposición había criticado la norma como propaganda.
Las manifestaciones del sábado 24 de octubre en Italia terminaron sin las devastaciones que habían marcado la protesta en Milán una semana antes. Según la columna del diario La Verità, la diferencia estuvo en el nuevo decreto de seguridad del gobierno de Giorgia Meloni, que permitió intervenir antes de que los cortejos se formaran. Esa es la postura de su autor, que además cuestiona con dureza a la izquierda.
Dos sábados, dos balances
El 17 y el 18 de octubre, un cortejo de unas 5.000 personas en Milán terminó en saqueos e incendios. Confcommercio Milano estimó los daños en más de 700.000 euros. La Digos, la policía política italiana, solo pudo llevar a la jefatura a 271 personas, 220 de ellas menores, algunas de apenas 12 años.
El balance del 24 fue distinto: 4.454 identificados, 207 detenciones preventivas, 15 arrestos y 100 denuncias. Hubo tensiones en Turín, Roma y Bolonia, pero sin destrozos de la magnitud de Milán.
Detenciones preventivas y controles
Las detenciones preventivas, de hasta 12 horas y basadas en elementos concretos, apartaron a algunas personas antes de que llegaran a las marchas. También hubo requisas, controles en estaciones y presencia masiva en las calles.
En Roma, las requisas acordadas con la fiscalía derivaron en 28 detenciones. En Turín, considerada la plaza más difícil, hubo 413 identificados. En Milán se controló a 2.885 personas y la marcha estudiantil salió de plaza Cairoli sin daños importantes.
Poco antes de las 14.30, cuando debían difundirse en redes los puntos de reunión, fue ubicado Youssef Siher, presunto promotor del «Movimiento 17 ottobre». Según los magistrados milaneses, esa detención evitó un disturbio.
Qué prevé el decreto
La norma, aprobada el día anterior, crea el delito de violencia organizada en manifestaciones (artículo 420 bis del Código Penal). Prevé de 2 a 5 años de prisión para quien actúe en un grupo de al menos cinco personas con objetos aptos para agredir, y de 4 a 12 para quien organice o instigue, también por redes sociales.
Además, la detención preventiva rige ahora para menores, el arresto en flagrancia diferida se extiende a devastación y saqueo, y los padres arriesgan multas de 500 a 1.000 euros. El decreto cierra una serie de cinco aprobados desde 2022, cada uno tras una emergencia de orden público.
Una lectura
Los números del 24 muestran un operativo más preventivo que el de la semana anterior, pero no alcanzan para atribuir el resultado solo al decreto: también cuentan la preparación policial y los distintos contextos de cada marcha. Queda abierto cuántas de las detenciones preventivas y denuncias terminarán en procesos, y cómo se aplicarán las nuevas facultades a menores. Conviene seguir ese uso en próximas movilizaciones, en un debate donde el oficialismo habla de garantizar la protesta y la oposición, de propaganda y de un enfoque represivo.