Magistrados italianos, en disputa con el gobierno por el decreto de seguridad y los aumentos salariales
La Asociación Nacional de Magistrados criticó el decreto de seguridad de Meloni, pero su cálculo del impacto de los reajustes salariales quedó cuestionado: según la prensa italiana, la diferencia ronda los 738 millones de euros.
El enfrentamiento entre el gobierno de Giorgia Meloni y la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) de Italia suma un nuevo capítulo. Mientras el sindicato de jueces y fiscales critica el decreto de seguridad, el diario La Verità y Il Foglio sostienen que sus cifras sobre el costo de los aumentos salariales de los magistrados estaban incompletas.
El decreto de seguridad
Tras los disturbios en plazas italianas, el gobierno aprobó un decreto de seguridad que endurece las penas. El presidente de la ANM, Giuseppe Tango, calificó la respuesta de "miope". Según dijo, intentar frenar la violencia con la cárcel "no lleva a la resolución del problema", y planteó en cambio un "trabajo sinérgico" entre escuelas y tercer sector.
Andrea Pellicini, de Fratelli d'Italia e integrante de la comisión de Justicia, respondió que la ANM actúa como una fuerza de oposición y que corre el riesgo de dar una "justificación a los facinerosos".
La disputa por los salarios
El otro frente es el ajuste de las remuneraciones. Los magistrados obtuvieron del Consejo de Estado que los aumentos se calculen con la media simple y no con la media ponderada del Istat, lo que eleva los coeficientes del 6% al 12%. Cuando se informó que el "Fondo sentencias" del Ministerio de Economía rondaba los mil millones de euros, con una estimación de hasta 100.000 euros por cabeza, la ANM habló de "falsedades" y difundió tablas con aumentos y retroactivos menores.
Según Il Foglio, la asociación calculó el impacto solo sobre el primer decreto (trienio 2021-2023) y omitió el segundo (2024-2026), cuyos recursos ya fueron ganados ante el Tribunal Administrativo del Lazio. La ANM debió admitir el error. Tango sostuvo igualmente que las cifras reales están "lejansísimas" del promedio de 100.000 euros, porque el segundo decreto sigue formalmente sub iudice, es decir, pendiente de examen y posible impugnación. También recordó que el monto neto en el recibo de sueldo será menor.
La Verità afirma que, para un magistrado de larga trayectoria, el costo para el Estado, entre retroactivos brutos, aportes previsionales y efecto sobre la indemnización por fin de carrera, supera los 118.000 euros, por lo que las cuentas de la Contaduría General serían, a su juicio, conservadoras. El diario sostiene además que, si el segundo monto no existiera, los magistrados podrían retirar los recursos del trienio 2024-2026 y ahorrar 738 millones.
Los magistrados honorarios
Las asociaciones Amne y Antmo, que días atrás escribieron al Palacio Chigi para reclamar pensiones y retroactivos reconocidos por la Corte Constitucional, pidieron no ser confundidas con los magistrados de carrera. Según el relato, los jueces de paz sostienen desde hace más de 30 años la actividad diaria de los tribunales sin cobertura previsional, y reclaman garantías laborales que exige la Corte de Justicia europea.
La ANM habla además en la jornada de elecciones para renovar el Consejo Superior de la Magistratura, tras el rechazo en referéndum del sorteo, que celebró como un "derecho salvado por los ciudadanos".
Lo que queda abierto
La discusión mezcla dos planos: la legitimidad de los jueces para opinar sobre política criminal y la transparencia sobre sus propios ingresos. El punto concreto en disputa es cuánto costará realmente el reajuste, lo que depende de la suerte judicial del segundo decreto. Habrá que seguir si la ANM presenta cifras actualizadas y si se resuelven los recursos pendientes.
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