Mujeres marchan en Polonia por el aborto legal y gratuito

Mujeres de Polonia convocaron para este jueves manifestaciones en más de 20 ciudades y pueblos para reclamar acceso al aborto legal y gratuito. Acusan al gobierno liberal del primer ministro Donald Tusk de no cumplir su promesa de relajar las estrictas leyes vigentes, aun cuando el Parlamento aprobó el martes dos proyectos orientados a facilitar el aborto. Es probable que el presidente conservador, Karol Nawrocki, los vete.

Zofia Marcinek, del grupo activista Abortion Dream Team, de Varsovia, sostuvo que aprobar los proyectos a un año de las próximas elecciones parlamentarias es una "muestra simbólica" y no un esfuerzo genuino de reforma. Según dijo, el gobierno sabe que las iniciativas no resistirán el veto y solo busca dar la impresión de que actúa, porque necesita el apoyo de las mujeres para ganar.

Una ley restrictiva desde 1993

Desde 1993, en la católica Polonia el aborto legal se permite solo ante malformaciones fetales graves, riesgo para la vida o la salud de la madre, o embarazo producto de violación o incesto. Las mujeres reclaman su legalización desde entonces, incluso con el "Protesta Negra", movilizaciones masivas de mujeres vestidas de negro que comenzaron en 2016.

En lugar de liberalizarse, la normativa se endureció: en 2020, bajo el gobierno nacionalconservador de Ley y Justicia (PiS), se prohibieron los abortos por defectos congénitos. Hoy Polonia tiene una de las leyes más restrictivas de Europa; solo Malta impone límites más estrictos.

Aun así, los abortos son frecuentes y la gran mayoría se hace de forma ilegal, en casa, con pastillas obtenidas fuera del país. Las mujeres no enfrentan cárcel, pero médicos o familiares que las ayuden pueden ser procesados.

Promesas y datos

La coalición proeuropea de Tusk ganó las elecciones de 2023 en parte con la promesa de liberalizar el aborto. En 2024, el primer ministro dijo que no podría superar el probable veto de un presidente conservador y, en cambio, se tomaron medidas para impedir que los hospitales se negaran a practicar abortos legales por motivos religiosos. "El Estado se pondrá cada vez más eficazmente del lado de la mujer cuando tome decisiones dramáticas en su vida", dijo entonces Tusk.

Según datos del fondo nacional de salud, los hospitales polacos hicieron 573 abortos en el primer semestre de 2026, frente a 452 en todo 2022, antes de que Tusk llegara al poder. Las activistas afirman, sin embargo, que decenas de miles de abortos ocurren cada año fuera de los hospitales.

Para las organizadoras, el gobierno traicionó a las mujeres, y decir que el acceso mejoró complicó la atención de algunas. "Las promesas del gobierno funcionan como una forma de desinformación", dijo Marcinek a la agencia AP. Contó que las embarazadas escuchan que todo está bien, llegan al hospital y ven que no es así, y recurren a la organización "cuando es muy tarde y es muy complicado y caro ayudarlas". Agregó que los donantes internacionales se interesan menos en apoyar los derechos de las mujeres polacas porque creen, erróneamente, que la situación mejoró.

Una clínica y un dispensador frente al Parlamento

En 2025, Abortion Dream Team abrió frente al Parlamento, en Varsovia, una "clínica de abortos" donde las mujeres reciben información o toman sus pastillas acompañadas por activistas. En septiembre sumó, en el mismo lugar, un casillero que dispensa pastillas abortivas, apodado "Abortomat".

Lo opera la organización feminista internacional Women Help Women y permite recibir las pastillas al día siguiente, en vez de esperar hasta dos semanas por envío a domicilio. Marcinek explicó que algunas mujeres no pueden pedirlas con seguridad a su domicilio, por ejemplo por una familia hostil o una pareja violenta, y que con un PIN pueden retirarlas de la máquina.

"En Polonia, asistir en un aborto es un delito. Incluso pasar las pastillas de mano en mano puede considerarse un crimen", escribió el grupo en un comunicado. "Por eso estamos hackeando el Código Penal y llevando el aborto al siglo XXI."

Una lectura

El choque expone un problema político de fondo: un gobierno con mayoría parlamentaria pero sin capacidad de superar un veto presidencial, y un movimiento que ya no confía en la vía legislativa. Las cifras hospitalarias subieron, pero siguen siendo mínimas frente a las estimaciones de las activistas. Queda por ver si Nawrocki veta efectivamente los proyectos y cómo influirá el tema en las elecciones del año próximo.