Seis ciudadanos demandan a Trump por vetar a medios en la Casa Blanca
La demanda, presentada en Nueva York, sostiene que las expulsiones de periodistas violan el derecho del público a recibir información independiente sobre el gobierno. Pide una orden judicial que proteja a todos los medios que cubren la Casa Blanca.
Seis ciudadanos presentaron este lunes una demanda en un tribunal federal de distrito de Nueva York contra el presidente Donald Trump y tres de sus colaboradores, entre ellos la jefa de Gabinete, Susie Wiles. Según la acción, los vetos a medios en la Casa Blanca no solo afectan a las empresas periodísticas: vulneran, "fundamentalmente", el derecho del público a contar con reportes independientes sobre su presidente y su gobierno.
Los otros acusados son el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, y el director del Servicio Secreto, Sean M. Curran. La demanda fue presentada por el Knight First Amendment Institute y la Media Freedom & Information Access Clinic de la Facultad de Derecho de Yale.
Qué reclaman
"La lesión final es para el público democrático", dice el escrito. Katie Fallow, subdirectora de litigios del Knight Institute, afirmó que "la Primera Enmienda protege el derecho del público a saber qué hace su gobierno". Agregó: "La Casa Blanca no puede decidir qué información reciben los estadounidenses castigando la cobertura crítica". Según Fallow, cuando se expulsa a periodistas por su cobertura, el público "pierde acceso a reporteo independiente y recibe algo más cercano a propaganda gubernamental".
Los demandantes piden que se declare inconstitucional la política, porque impone restricciones basadas en el punto de vista y poco razonables en un foro público limitado, y que se prohíba aplicarla. A diferencia de otros casos, no solo buscan restituir accesos ya afectados, sino una orden amplia que proteja de represalias a todos los medios que cubren la Casa Blanca.
El escrito sostiene que la política priva al público de los reportes de los medios desfavorecidos y también de los de otros, porque todo periodista acreditado debe considerar que "una palabra crítica o desacertada" sobre el presidente puede derivar en la restricción o revocación de su acceso.
Los demandantes
Son personas que dicen depender de la cobertura independiente de la Casa Blanca para enseñar, hacer periodismo o militar:
Kenneth Roth, ex director ejecutivo de Human Rights Watch y docente en Yale; Daniel Froomkin, periodista y editor de Press Watch; Beverly Gage, historiadora ganadora del Pulitzer y profesora en Yale; Peter Schmidt-Nowara, docente de estudios sociales en la Brooklyn Technical High School; Benjamin Wittes, editor jefe de Lawfare e investigador del Brookings Institution; y Ethan Young, estudiante de la Universidad de Pensilvania y editor jefe de The Daily Pennsylvanian.
Schmidt-Nowara dice en la demanda: "Como docente de estudios sociales, quiero que mis alumnos tengan acceso a información precisa e independiente sobre su gobierno". Young sostiene que, al no poder acceder a los espacios de prensa, depende de un grupo "diverso, independiente y confiable" de periodistas que funcionen como su representante, y que el efecto de las restricciones se siente "agudamente en los campus universitarios".
Los otros frentes judiciales
La acción se suma a otras disputas. CNN, MS NOW y Politico demandaron tras la expulsión de sus periodistas de la Casa Blanca en septiembre. Un juez federal extendió recientemente una orden que impide aplicar el veto mientras avanza el caso, aunque CNN sigue sin sus lugares habituales en el pool de video que cubre al presidente, y la cadena amenazó con nuevas acciones.
Continúa además el caso de The Associated Press, cuyos periodistas fueron excluidos el año pasado del Despacho Oval, el Air Force One y algunos eventos, tras negarse a adoptar el nombre "Golfo de América" para el Golfo de México. The New York Times litiga por la norma del Pentágono que exige escoltas a periodistas, y ABC discute con la administración la renovación de sus licencias.
Una lectura
La novedad es el sujeto: al poner a los lectores como afectados directos, la demanda intenta ampliar quién puede reclamar y qué remedio puede obtenerse, más allá de cada medio. Queda abierto si el tribunal reconocerá a estos ciudadanos legitimación para litigar y si aceptará una orden general en lugar de soluciones caso por caso. También habrá que ver cómo responde la Casa Blanca, que por ahora no fue citada en este reclamo.