A un año de la redada más letal, la seguridad define el balotaje en Brasil
La Operación Contención dejó 121 muertos en Río de Janeiro y no debilitó a las facciones. Lula y Flavio Bolsonaro llegan al balotaje del domingo con modelos opuestos para enfrentarlas.
El 28 de octubre de 2025, unos 2.500 policías civiles y militares entraron a los complejos del Alemão y de la Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, con un centenar de órdenes de detención. El objetivo declarado era frenar la expansión del Comando Vermelho (CV), la facción criminal más antigua de Brasil y la más poderosa del estado. El saldo oficial fue de 121 muertos, cuatro de ellos agentes, y los principales cabecillas no fueron capturados.
Fue el operativo policial más letal de la historia del país, por encima incluso de la masacre de la cárcel de Carandiru, en 1992, de la que surgió el Primeiro Comando da Capital (PCC). A un año, y a días del balotaje presidencial, el episodio vuelve a poner en discusión cómo enfrentar al crimen organizado.
Qué pasó y qué se discute
Al día siguiente, los vecinos bajaron decenas de cuerpos del morro y los alinearon en una plaza de la Penha, mientras denunciaban ejecuciones sumarias. El entonces gobernador Claudio Castro, del mismo partido que Flavio Bolsonaro, calificó el operativo de "éxito". Lula lo llamó "desastroso" y dijo: "La orden del juez era una orden de detención, no una orden de matanza, y hubo una matanza".
Thainã de Medeiros, subdirector del Instituto Papo Reto, que trabaja en las favelas, contó que al día siguiente encontró dos cuerpos aún no contabilizados en menos de 20 minutos. Su organización reúne videos filmados por civiles y los cataloga por unidad policial. Se pregunta por qué no hay imágenes del BOPE, por qué la mayoría de los policías no tenía la cámara corporal activada y por qué algunos cuerpos tenían tantos impactos de bala. "Tenemos muchas más dudas que certezas", dijo.
Las facciones siguen en pie
Según el Mapa Histórico de los Grupos Armados, de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y el Instituto Fogo Cruzado, con datos de 2024, unos cuatro millones de personas, el 34,9% de la región metropolitana, viven bajo control o influencia de facciones narco o milicias. En la ciudad de Río la proporción llega al 42,4%, y el CV domina a casi la mitad de ese total. Los investigadores señalan que el mapa del crimen se superpone con el de la desigualdad: quienes viven en zonas libres de grupos armados ganan en promedio tres veces más.
Una encuesta de AtlasIntel hecha en los dos días posteriores al operativo mostró que el 55,2% de los brasileños apoyaba ese tipo de acciones y el 42,3% las rechazaba. En la ciudad de Río, el apoyo fue del 62,2%; entre los habitantes de favelas de todo el país, del 80,9%, y en las favelas cariocas, del 87,6%.
De Medeiros cuestionó esos resultados. Un sondeo del Instituto Papo Reto con otras organizaciones, en las favelas del Alemão, la Penha, Maré y Rocinha, halló que el 85% rechaza que operativos así se repitan, el 7% los acepta "a veces" y el 7% los apoya. El 91% reconoció excesos e ilegalidades policiales, y solo el 4% creía que mejorarían la seguridad de su familia.
Dos propuestas
Flavio Bolsonaro, senador del Partido Liberal, hizo de la mano dura el eje de su campaña. Propone declarar organizaciones narcoterroristas al PCC y al CV, en línea con lo que hizo en mayo Donald Trump, y en el primer debate prometió "declarar la guerra al narcoterrorismo" desde enero. Su plan incluye cinco presidios federales de máxima seguridad al estilo de las megacárceles de El Salvador, más de medio millón de nuevas plazas penitenciarias, penas de hasta 80 años para jefes de facciones y bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
Lula, del Partido de los Trabajadores, apuesta a la coordinación federal y al ahogo financiero de las facciones. Plantea una reforma constitucional que amplíe el papel del gobierno federal, hoy en manos sobre todo de los estados, y crear un Ministerio de Seguridad Pública. Prioriza el combate al tráfico de armas, la urbanización de favelas y periferias, y prevé 10.000 millones de reales para estados y municipios. Rechaza declarar terroristas a las facciones y sostiene que el crimen debe combatirse con firmeza, pero dentro de la Constitución.
Las lecturas de los especialistas
Marcus Inanoni, profesor de Ciencia Política de la UFF, afirmó que la operación "no tuvo éxito en términos de desarticulación estructural del crimen ni de pacificación de los territorios", y que la rutina de enfrentamientos siguió casi idéntica. Señaló además que hay integrantes de las fuerzas de seguridad involucrados en milicias.
Thiago Rodrigues, del Instituto de Estudios Estratégicos de la UFF, habló de "un clamor popular por la seguridad pública" que se vincula sobre todo con la delincuencia común, y no necesariamente con el crimen organizado. De Medeiros sostuvo: "Si querés que el crimen organizado pierda fuerza, tenés que controlar a la policía", por la connivencia que, a su juicio, abastece y protege a las facciones.
Una lectura
El debate de campaña reproduce una tensión que el aniversario deja expuesta: la demanda social de seguridad es amplia y en buena parte ligada al delito cotidiano, mientras que las dos respuestas apuntan al crimen organizado. Queda abierto qué pasó realmente durante la Operación Contención, dado el faltante de imágenes que denuncian las organizaciones, y si el apoyo a las incursiones que midieron los sondeos resiste a la experiencia directa de quienes viven en los territorios. Habrá que ver qué rol le asigna el próximo gobierno al control de las propias policías.