Castel Volturno marcha contra el nuevo Cpr y la Región promete recurrir
Los organizadores hablaron de 20.000 manifestantes contra el centro de repatriación, cuya obra se adjudicó el mismo día por más de 31 millones de euros. La Iglesia, la Región de Campania y organizaciones sociales piden frenar el proyecto.
Miles de personas marcharon en Castel Volturno, en la provincia de Caserta, contra la construcción de un Centro de permanencia para la repatriación (Cpr), la estructura destinada a retener migrantes en trámite de expulsión. Los organizadores hablaron de 20.000 participantes, "un resultado inesperado". Cuando la columna partió del Centro Fernandes, la Questura (la policía local) había calculado unas 10.000 personas, a las que se sumaron otras durante el recorrido hasta el Ayuntamiento.
Asociaciones, vecinos, referentes de la Iglesia y representantes de las instituciones coincidieron en que el proyecto agravará las fragilidades de un territorio marcado por el deterioro ambiental, la explotación laboral y la presencia de la criminalidad organizada. "Esta estructura el territorio no la quiere, y lo está demostrando. Los migrantes están angustiados", dijo Mimma D'Amico, responsable del Centro social ex Canapificio.
La voz de la Iglesia
Adhirieron el arzobispo de Nápoles, cardenal Domenico Battaglia, y el obispo de Caserta y Capua, Pietro Lagnese. Battaglia pidió "a quien gobierna que se detenga, que escuche esta tierra, que renuncie al proyecto del Cpr de Castel Volturno y que asuma la responsabilidad de superar el sistema de los Cpr. Lo pido como cura, con el Evangelio abierto". Recordó que la retención en estos centros "implica una privación de la libertad ligada a los procedimientos de repatriación. No es la ejecución de una condena penal".
El cardenal también mencionó el aporte de los extranjeros: "Hay personas cuyo cansancio, cuyos brazos, cuyas noches de trabajo aceptamos. Personas que recogen lo que llega a nuestras mesas, asisten a nuestros ancianos".
Lagnese, que cerró la marcha frente al Ayuntamiento, sostuvo que "la de los Cpr es una falsa seguridad, porque la verdadera seguridad se construye con la integración y la amistad". Agregó: "Los Cpr lesionan la dignidad de las personas y hacen ver a los migrantes como un problema, pero ellos no son el problema".
Adjudicación y recursos
Poco antes de la marcha se conoció que Invitalia adjudicó la obra a un grupo de empresas, entre ellas algunas de Campania, con una rebaja del 25%. El costo total supera los 31 millones de euros y la estructura debería estar lista a fines de 2028.
El presidente de la Región, Roberto Fico, anunció que se opondrá por todas las vías: "Construir el Cpr en Castel Volturno significa no conocer el territorio, es un daño increíble. Recurriremos de todas las formas, ante el juez civil o administrativo, y también con resistencia pasiva y pacífica todos juntos. De aquí no nos movemos". Añadió que la Región rechaza los Cpr tanto allí como en otras localidades y que "aquí hacen falta inversiones en servicios".
Para el asesor regional Andrea Morniroli, la adjudicación confirma la voluntad del Gobierno de avanzar pese a la oposición local. La zona, llamada La Piana, fue incluida por el Gobierno entre los sitios de interés estratégico nacional, lo que permite sortear los vínculos ambientales que la Región había intentado reforzar incorporándola a la Red Natura 2000. La abogacía regional evaluará un recurso.
Críticas al sistema
Libera desfiló con siluetas que recuerdan a las víctimas de la masacre de San Gennaro del 18 de septiembre de 2008, en la que fueron asesinados siete ciudadanos ghaneses, junto a las de personas muertas en Cpr. "Son todas víctimas de una única matriz, la racista", afirmó Mariano Di Palma, coordinador de Libera Campania, para quien el centro "no sirve, porque solo crearía otro gueto".
La diputada del Pd Rachele Scarpa, que visitó Cpr en inspecciones, dijo: "He visto con mis propios ojos la violencia y la disfuncionalidad de un sistema que el Gobierno quiere extender a todas las regiones". Habló de "sufrimiento inimaginable, producido solo por propaganda" y criticó la "sedación colectiva" y el "abuso de psicofármacos".
Qué sigue
La disputa pasa ahora al terreno judicial y administrativo. Con la obra adjudicada y el área declarada de interés estratégico, el Gobierno tiene ventaja de calendario; la Región, en cambio, cuenta con la presión social vista en la calle. Falta saber si el recurso prosperará y cómo responderá el Ejecutivo, que hasta ahora no figura con voz propia en esta movilización.