Protesta en Nagua contra el decreto que eliminó aranceles al arroz importado
El Frente Amplio y el Bloque Popular Jesús Adón convocaron a una caminata para exigir protección a la producción arrocera dominicana. El Gobierno dice que renegocia las condiciones con sus contrapartes.

El Frente Amplio y el Bloque Popular Jesús Adón convocaron para este domingo 25 de octubre a una caminata-protesta en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, en República Dominicana. Reclaman al Gobierno políticas de protección para la producción nacional de arroz frente al aumento de las importaciones.
La marcha arrancará a las 9:30 desde el parque de Nagua, en la salida hacia San Francisco de Macorís. La convocatoria apunta a productores agrícolas, trabajadores del campo, comerciantes y organizaciones sociales de la región nordeste.
Qué cambió con el decreto
El motivo de la protesta es el Decreto 635-26, que el presidente Luis Abinader dictó el 9 de septiembre de 2026. La norma derogó el Decreto 693-24, que establecía un esquema de protección arancelaria para el arroz local.
Ese esquema fijaba un arancel del 20% para ciertas importaciones dentro del contingente y del 99% fuera de él. Solo permitía una cuota preferencial con arancel cero para 23.300 toneladas métricas de arroz de Estados Unidos. Las compras que superaran ese volumen pagaban la tasa del 99%.
Las voces
La presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, sostuvo que la eliminación del mecanismo responde a presiones comerciales externas, en el marco de las negociaciones bilaterales con Estados Unidos por el acceso de productos agrícolas al mercado dominicano. Según dijo, el debilitamiento de los aranceles pone en riesgo a un sector que agrupa a más de 30.000 productores y genera decenas de miles de empleos directos e indirectos, además de mover cadenas como el transporte, el suministro y la comercialización.
«El arroz no es una mercancía cualquiera: es un alimento esencial para el pueblo dominicano y el sustento de miles de familias productoras y trabajadoras. Debilitar nuestra producción nacional para favorecer las importaciones puede tener consecuencias económicas y sociales que van mucho más allá del campo. La seguridad alimentaria también es soberanía nacional», manifestó.
La decisión también generó inquietud entre gremios agropecuarios, que piden precisiones sobre las medidas de salvaguardia y los mecanismos de competitividad que se aplicarán para proteger la producción local. El Gobierno informó que realiza gestiones diplomáticas y comerciales para renegociar las condiciones con las contrapartes internacionales y mantener controles sobre el ingreso del grano.
Qué queda abierto
El conflicto muestra la tensión entre una negociación comercial con Estados Unidos y la protección de un cultivo sensible para el empleo rural. No se precisó qué salvaguardias reemplazarán al esquema derogado ni qué plazos tiene la renegociación que menciona el Gobierno. Habrá que seguir si los gremios del sector se suman a la movilización y si el Ejecutivo da a conocer esas medidas.