Reparaciones por la esclavitud: el gobierno de Trump frena los programas en EE.UU.
Mientras el país cumple 250 años, la administración litiga contra el programa de Evanston y algunas instituciones relegan su trabajo. Los impulsores de las reparaciones siguen adelante.
N'nanba (Robin Rue Simmons) dedicó años a responder una pregunta que atraviesa a Estados Unidos desde la abolición de la esclavitud: cómo sería reparar el daño. En Evanston, Illinois, ayudó a convertirla en una subvención de US$ 25.000 para vivienda destinada a residentes negros cuyas familias sufrieron políticas habitacionales discriminatorias. Ahora lleva el primer programa municipal de reparaciones del país a más de 100 comunidades.
Su camino choca con la administración del presidente Donald Trump. Su ofensiva contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y contra el apoyo federal a iniciativas por raza y a la historia afroamericana llevó a algunas instituciones a reconsiderar o reducir en silencio su trabajo sobre reparaciones.
"Bajo esta administración, por supuesto, hay muchas barreras, pero seguimos considerando la reparación federal como nuestro norte colectivo", dijo Rue Simmons, presidenta del Comité de Reparaciones de Evanston y exconcejala, a The Associated Press.
Una demanda contra Evanston
La demanda contra el programa fue presentada inicialmente por Judicial Watch. Michael Bekesha, abogado de los demandantes, sostiene que se reparten fondos por raza sin identificar un daño específico y que no se parece a los programas históricos de reparaciones. "La Constitución prohíbe a los gobiernos elegir ganadores y perdedores basándose únicamente en la raza", afirmó.
Este mes, el Departamento de Justicia obtuvo permiso de un juez federal para intervenir. Alega que las acciones de la ciudad violan la cláusula de igual protección de la 14.ª Enmienda y la Ley de Vivienda Justa. El año pasado ya había enviado una carta de advertencia a dirigentes de Asheville y del condado de Buncombe, en Carolina del Norte, que evaluaban crear programas propios.
La vocera del Departamento, Kiersten Pels, declaró que "los programas de beneficios gubernamentales basados en la raza son inconstitucionales y a menudo violan las leyes federales de derechos civiles". Agregó que el gobierno federal tiene "la obligación de detenerlos". La Casa Blanca remitió las consultas a Justicia.
Trump dijo en un discurso de septiembre: "Quieren robarles su dinero para las reparaciones. Nuestro país no tiene ese dinero. (...) Los que odian a nuestro país lo piden, pero no va a ninguna parte". William Darity, coautor de un libro sobre el tema, señaló que ningún presidente apoyó reparaciones integrales y que antes hablar del asunto era tabú: "Ahora Trump pronuncia la palabra, pero con hostilidad".
Universidades en pausa
En la educación superior, los nuevos esfuerzos están detenidos, según Richard Cellini, quien lideró un proyecto de Harvard para identificar descendientes de personas esclavizadas por sus antiguos directivos. "No quieren hablar de eso, no quieren oír hablar de eso, no contratan para eso", dijo.
Su equipo identificó a casi 500 descendientes vivos. Pocos días después de que Trump volviera a la Casa Blanca en enero de 2025 y firmara una orden anti-DEI dirigida a universidades, Harvard despidió a todo el equipo. La investigación continúa a cargo de la empresa American Ancestors, pero la universidad aún no ofreció reparación a los descendientes. Harvard declinó comentar.
Georgetown, pionera, mantiene la consideración especial en admisiones para descendientes de personas vinculadas a su pasado. Algunas universidades de Virginia dan becas, como exige una ley estatal de 2021, pero según el historiador Kirt von Daacke no hay señales de programas nuevos desde el regreso de Trump. "No creo que haya voluntad de hacer nada que amenace los fondos federales de investigación", dijo.
Qué hacen los descendientes con la reparación
Juan Woolfolk, de 36 años, usa una beca de US$ 10.000 de Georgetown, canalizada por una fundación, para estudiar museología en la Southern University at New Orleans. La llamó una "oportunidad tremenda".
El Seminario Teológico de Virginia paga anualmente en efectivo a descendientes de quienes trabajaron en su campus durante la esclavitud y la era Jim Crow, con un fondo creado en 2019 que pasó de US$ 1,7 millones a US$ 2,8 millones. Su vocera, Nicky Burridge, dijo que creen ser la única institución educativa del país con pagos anuales sin condiciones. En Evanston, Joe Martin, de 46 años y asistente de vuelo, dijo que el programa lo sorprendió gratamente y criticó que el gobierno quiera frenar algo legítimo.
Un debate sin salida cercana
El contexto internacional es dispar. En marzo, la Asamblea General de la ONU declaró la trata de africanos esclavizados "el crimen más grave contra la humanidad" y pidió reparaciones, con más de 120 países a favor. Argentina, Israel y Estados Unidos votaron en contra, y hubo 52 abstenciones.
El desenlace se juega en los tribunales: la causa de Evanston puede fijar si los programas locales basados en daños históricos sobreviven al argumento de igual protección. Mientras, la presión federal parece más eficaz sobre instituciones que dependen de fondos públicos que sobre quienes ya tienen programas en marcha.