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Sábado 24 de octubre de 2026

San Valentino de Castelrotto: más de 3.000 firmas contra los helicópteros turísticos

Vecinos de la fracción ubicada al pie del Alpe di Siusi reclaman frenar los vuelos panorámicos. El municipio no puede prohibirlos y la moción se debate el 27 de octubre con otra vía: la protección ambiental.

Redacción

· 1 min de lectura

San Valentino de Castelrotto: más de 3.000 firmas contra los helicópteros turísticos
Imagen · Il Fatto Quotidiano

En San Valentino, fracción de Castelrotto, en las Dolomitas, los vuelos panorámicos en helicóptero se convirtieron en un conflicto. Los residentes juntaron más de 3.000 firmas para pedir que se frenen, según informó el Corriere della Sera. El municipio, sin embargo, no tiene la facultad de prohibirlos de forma directa.

Un prado privado como base

Christoph Senoner, concejal de la Lista Civica, explicó el origen del problema: un agricultor cede un prado privado para despegues y aterrizajes, aprovechando una posibilidad prevista por las normas de la Enac, la autoridad de aviación civil italiana. "En verano el ruido era continuo", relató Senoner, "y cuando pasaba un helicóptero no se entendía si era un vuelo privado o una intervención de rescate".

La vía de la tutela ambiental

El tráfico aéreo es competencia del Estado, lo que limita el margen de la administración local. Según la Lista Civica, eso no lo anula. Por eso la moción, que el consejo tratará el martes 27 de octubre, propone usar las herramientas de protección de la naturaleza y del paisaje para excluir el área como base de salida y llegada de vuelos turísticos o privados, sin tocar la regulación del tránsito aéreo.

El primer paso sería un peritaje ornitológico, a encargar dentro de los 30 días, para comprobar si hay especies protegidas. La moción señala avistamientos de ibis eremita y de abubilla, que podrían justificar la restricción. Si el estudio lo confirmara, comenzaría el procedimiento de tutela paisajística, que de todos modos deberá aprobar la junta provincial.

Qué sigue

El camino es largo y depende de varias instancias: el voto del consejo, el resultado del peritaje y la decisión de la junta provincial. Queda abierto si un vínculo ambiental alcanzará para limitar una actividad que la normativa estatal permite, y cómo reaccionará el propietario del prado.

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