Saltar al contenido

Martes 27 de octubre de 2026

Colombia revoca la protección de más del 80% del Bioma Amazónico frente a la minería

El Ministerio de Ambiente dejó sin efecto la reserva creada en el gobierno de Gustavo Petro por no haberse realizado la consulta previa. No se sabe si habrá una nueva norma.

Redacción

· 2 min de lectura

Colombia revoca la protección de más del 80% del Bioma Amazónico frente a la minería
Imagen · Telesur TV

El Ministerio de Ambiente de Colombia revocó el lunes 26 de octubre de 2026 la normativa que amparaba más del 80% de la superficie del Bioma Amazónico frente a la minería y los hidrocarburos. La decisión elimina la declaratoria de ese territorio como Reserva de Recursos Naturales Renovables, una figura creada durante la administración anterior de Gustavo Petro.

Qué protegía la norma

La disposición prohibía entregar nuevas concesiones mineras y cerraba la puerta a contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Tampoco admitía licencias ni permisos ambientales para operaciones extractivas en toda la ecorregión.

Según se informó, el blindaje se apoyaba en los principios de precaución y prevención. Buscaba mitigar los impactos acumulados y evitar que el ecosistema llegara a un punto de no retorno, a partir del cual su recuperación resultaría inviable.

El argumento: la consulta previa

El Ministerio no discutió el fondo de la protección sino el procedimiento con que se adoptó. Alegó que el decreto original omitió la consulta previa obligatoria con las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan la zona. Según la cartera, esa omisión bastó para dejar sin sustento el resguardo.

El Bioma Amazónico colombiano representa cerca del 7% de toda la Amazonía continental. Abarca la totalidad de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, y sectores de Meta, Vichada, Cauca y Nariño.

Lo que queda abierto

No se precisó si el Ministerio presentará una nueva norma que subsane la falla de procedimiento, ni si la derogación habilita de inmediato la presentación de solicitudes de exploración en la zona.

La revocatoria reinstala la discusión sobre la solidez legal de los ecosistemas estratégicos frente al avance de la actividad extractiva, y deja en entredicho el ejercicio de los derechos de participación de las comunidades locales en la gestión ambiental. Además, la protección cae antes de que se resuelva si la omisión puede corregirse con un nuevo trámite de consulta. Habrá que seguir si el Gobierno repone la consulta o si la zona queda abierta a la actividad extractiva.

Fuente de esta nota