Cornell revisará cómo alojó a un estudiante sancionado por un caso de abuso sexual

Uno de los siete estudiantes de la Universidad Cornell sancionados por una presunta violación grupal ocurrida en 2024 en una casa de la fraternidad Chi Phi volvió al campus este otoño boreal, tras una suspensión de tres semestres, y fue ubicado en una residencia mixta con un compañero de cuarto que ignoraba sus antecedentes. Así lo relató la profesora de psicología Corinna Loeckenhoff, según una grabación a la que accedió The Associated Press.

Loeckenhoff dijo en la reunión del Senado de la Facultad del 14 de octubre que el área de alojamiento mantuvo al joven en esa habitación compartida durante dos semanas después de que la mujer que lo acusó presentara en septiembre una demanda en la que lo señala públicamente. Mientras tanto, otros estudiantes difundieron en redes sociales su nombre y la ubicación de su residencia.

"Esto fue un claro riesgo de seguridad", le dijo la profesora al rector, Michael Kotlikoff. "¿Por qué Housing Services no lo sabía? No tenían idea hasta que el compañero, conmocionado, los contactó y pidió un cambio de cuarto", añadió. Sostuvo además que los registros de Cornell muestran que el estudiante admitió haber consumido drogas y tenido sexo con una persona intoxicada.

La respuesta de la universidad

Consultada por la AP, Cornell afirmó que revisará "si se plantearon inquietudes a alojamiento u otras oficinas y, de ser así, si se brindaron las adaptaciones apropiadas". Su oficina de prensa agregó que los estudiantes que cumplen una suspensión y las demás sanciones "recuperan los mismos derechos y responsabilidades que sus compañeros, incluida la elegibilidad para alojamiento".

Kotlikoff respondió en el Senado que la decisión de permitir el regreso la tomó el comité disciplinario, no él. "Es algo con lo que podrían no estar de acuerdo; yo también podría no estarlo, pero nosotros no escuchamos la evidencia", dijo. Admitió, con todo, el deber de atender las preocupaciones sobre la presencia del alumno: "Si no lo hicimos, me comprometo a investigar qué pasó ahí".

El rector enfrenta una posible votación de no confianza de los docentes; el debate se retoma el miércoles. Era rector interino cuando la mujer denunció el hecho en 2024: suspendió la fraternidad, condenó la conducta de los involucrados y creó un grupo de trabajo sobre agresión sexual, pero fue criticado por no hacer seguimiento con la denunciante ni impulsar más una investigación penal o sanciones más duras.

El caso y las sanciones

La mujer, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, demandó el mes pasado a Cornell y a siete hombres. Afirma que le dieron ketamina y la violaron en la casa de la fraternidad. Todos lo niegan: dicen que el sexo fue consentido o que no participaron. La fiscalía local había concluido en un principio que hubo consentimiento y que no se cometió delito, pero la investigación se reabrió y quedó en manos de la fiscalía general de Nueva York.

Tras una investigación de varios meses bajo el Título IX, Cornell expulsó a dos miembros de Chi Phi, suspendió y puso a prueba a otros dos, y exigió a dos más escribir trabajos de "reflexión" y completar una capacitación para testigos. Un séptimo ya se había graduado y tiene prohibido el ingreso, según registros obtenidos por The New York Times. Uno de los expulsados se matriculó luego en la Universidad Nova Southeastern, en Florida, que dijo no conocer las acusaciones al admitirlo y haber actuado de inmediato al enterarse; no precisó qué medida tomó ni si sigue inscripto, por la ley federal de privacidad estudiantil.

El abogado del alumno que volvió, Andrew Miltenberg, dijo que su cliente sostiene que el encuentro fue consentido y pidió no tratar por igual a los siete: "Son siete personas distintas, con circunstancias distintas, y cada una merece ser juzgada según la evidencia que la concierne". En la demanda, Jane Doe lo acusa de tener sexo con ella sin consentimiento junto con otro miembro de la fraternidad y de haber aspirado después ketamina de su cuerpo con otros hombres.

El profesor de antropología Noah Tamarkin contó que sus alumnos no creen que los acusados deban estar en el campus: "Los demás estudiantes de la clase se sienten incómodos".

Qué permite la ley de privacidad

La ley federal FERPA no prohíbe de forma categórica que las universidades informen los antecedentes disciplinarios a los responsables de alojamiento: permite compartir registros con funcionarios que los necesiten para sus tareas, y habilita revelar cierta información cuando un estudiante fue hallado responsable de violencia o de delitos sexuales, según guías del Departamento de Educación.

Kristi Patrickus, abogada y miembro de la directiva de la Asociación para la Administración de la Conducta Estudiantil, explicó que las universidades pueden restringir el acceso a residencias de quienes vuelven de una suspensión aunque retomen las clases. Pero la privacidad suele impedir avisar a un compañero de cuarto: "No hay realmente excepciones que nos permitan decirle a un compañero: 'Esta persona vuelve de una suspensión, tené cuidado'".

David Karp, de la Universidad de San Diego, que estudió estos reingresos, opinó que las universidades se concentran en las sanciones sin atender bien a los involucrados ni a la comunidad: "No creo que satisfaga bien las necesidades de la gente, aunque satisfaga las de cumplimiento de la universidad".

Una lectura

El episodio muestra un hueco entre lo que la norma permite y lo que la institución hizo: si había margen para limitar el alojamiento, queda por saber por qué alojamiento no tenía la información y quién debía dársela. La revisión prometida por Cornell, y la votación de esta semana sobre el rector, serán la prueba de si la universidad responde con cambios de procedimiento o solo con explicaciones. Sigue abierta además la investigación de la fiscalía de Nueva York, que puede alterar el cuadro de fondo.