El INTA despidió a Virginia Aparicio, la investigadora que coordinó el estudio sobre glifosato

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) oficializó este lunes el despido de Virginia Aparicio, investigadora con más de dos décadas en el organismo. La Resolución 366 dispone su exoneración, la sanción disciplinaria más severa del empleo público nacional, e implica su expulsión e inhabilitación. Aparicio había coordinado en Argentina el proyecto internacional SPRINT, sobre la presencia de agroquímicos en el ambiente, los animales y las personas.

El estudio

Aparicio es ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, y trabajaba desde 1997 en la Estación Experimental del INTA en Balcarce. En 2020 la institución aprobó su participación en SPRINT, una iniciativa financiada por la Unión Europea y liderada por la Universidad de Wageningen (Países Bajos), que reunió a equipos de diez países europeos y de Argentina para evaluar la exposición a mezclas de plaguicidas.

Durante 2021 se tomaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos, además de fluidos de 73 voluntarios del sudeste bonaerense: productores, trabajadores rurales y consumidores. Según los resultados difundidos, Argentina tuvo la mayor concentración de plaguicidas entre los países analizados. Se detectó glifosato en el 84% de las muestras de orina y en el 100% de las de materia fecal en territorio bonaerense, y también en productos de consumo masivo como la yerba mate.

El sumario

En junio de 2023, las autoridades del INTA ordenaron frenar la reunión presencial en la que se presentarían los resultados a los voluntarios. Seis meses después, el organismo retiró al país del proyecto e inició un sumario administrativo contra la investigadora, lo que le impidió completar la devolución de los datos.

El sumario incluyó ocho imputaciones por presuntas irregularidades en el uso de facultades del cargo y de recursos estatales. Entre ellas figuran el envío de muestras al exterior, el manejo de información confidencial y la intervención de profesionales no autorizados institucionalmente. La defensa rechazó los cargos: sostuvo que el traslado de muestras respondía al protocolo internacional, que los datos debían resguardarse y que los fondos venían de la Unión Europea.

La propia resolución reconoce que no se acreditó beneficio económico personal, ni antecedentes disciplinarios, ni un perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados. Aun así, el Consejo Directivo desestimó los planteos de nulidad por indefensión y trato discriminatorio y dispuso la exoneración. Aparicio describió su situación interna con una frase: «Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA».

Reacciones y próximos pasos

El corresponsal de teleSUR Fabián Restivo atribuyó el caso a la política de ajuste del gobierno de Javier Milei sobre la ciencia pública. Sostuvo que la idea detrás del cierre del INTA y del INTI "es eliminar la supervisión para que las empresas privadas puedan hacer lo que quieran, incluso con la salud de los argentinos". El caso fue rechazado por organizaciones socioambientales, pueblos fumigados, sindicatos, académicos y entidades de derechos humanos.

Pese al bloqueo institucional, la evidencia del estudio siguió difundiéndose en publicaciones científicas internacionales. El 15 de octubre, Aparicio expuso sus mediciones en el Concejo Deliberante de Balcarce. Su defensa confirmó que apelará la medida en los tribunales.

Una lectura

La sanción máxima convive con un reconocimiento del propio organismo: no hubo lucro ni perjuicio fiscal equivalente. Esa tensión será central en la instancia judicial, donde se discutirá si la medida fue proporcional o si afectó la autonomía de la investigación. Queda abierto, además, qué ocurrirá con la difusión completa de los resultados del proyecto y si el INTA explicará sus motivos más allá de lo administrativo.